En España, la seguridad contra incendios en cualquier tipo de edificio se rige por una normativa esencial: el RD 513 2017. Este real decreto, más conocido por sus siglas RIPCI, no es un mero formalismo burocrático; es el marco que asegura que las instalaciones de protección están listas para actuar eficazmente en una emergencia. Su correcta aplicación es una responsabilidad compartida entre propietarios, instaladores y mantenedores.
La filosofía del reglamento abarca toda la vida útil de los sistemas de protección activa. Define con precisión desde el diseño inicial y los componentes válidos, hasta quién está cualificado para realizar la instalación y, de forma crucial, cómo se debe conservar su operatividad a lo largo del tiempo.
Precisamente en la conservación reside uno de los pilares del RIPCI: el plan de mantenimiento mínimo. La norma es muy estricta y detalla un calendario de operaciones trimestrales, semestrales y anuales que deben ser ejecutadas por empresas habilitadas. Esto implica desde la simple comprobación de la presión de un extintor hasta pruebas más complejas en los sistemas de bombeo o la verificación de los detectores. Además, el RD 513 2017 introdujo un concepto importante: la vida útil de ciertos productos. Por ejemplo, los detectores de humo deben ser reemplazados a los 10 años y las mangueras de las BIE a los 20, independientemente de su estado aparente.
La norma tampoco se olvidó del parque de edificios existente. Para los sistemas de instalaciones de protección contra incendios existentes antes de su entrada en vigor, se articuló un calendario de inspecciones a través de un Organismo de Control Autorizado (OCA). El objetivo era claro: auditar su estado y certificar que cumplían con unos estándares de seguridad fiables, promoviendo su progresiva adecuación.
Como toda regulación técnica importante, el RIPCI evoluciona. Ha recibido ajustes a través de normativas como el Real Decreto 298/2021, que modificó las exigencias de personal para las empresas del sector, o el Real Decreto 145/2023, para adaptarse a la normativa europea de productos.
Cumplir con las directrices del RD 513 2017 va más allá de evitar una sanción. Supone una inversión directa en la seguridad de las personas y la protección de los bienes, aportando una tranquilidad que no tiene precio.
